¿Romperá España relaciones con la Argentina? Y si no adopta esa decisión tan extrema como impensada, ¿qué hará si la Argentina resuelve (hoy o cualquier otro día) reestatizar YPF mediante la expropiación de la emblemática compañía petrolera que alguna vez fue nacional y hoy está en poder de la española Repsol? El dilema, en tal caso, será para el gobierno de Mariano Rajoy, aprisionado en el cepo de la crisis y acosado por una creciente oposición popular. El heredero de la derechista gestión de José María Aznar debería analizar entonces las diversas respuestas políticas ante una situación de enfrentamiento con el gobierno argentino. Ese será el dilema de Rajoy, decimos, pero en estas horas el acertijo está de este lado del Atlántico, en la Casa Rosada. Y aquí, como allá, no hay una idea clara del rumbo que tomará el Gobierno; y cuando decimos Gobierno incluimos al conjunto de provincias que desde la última reforma constitucional tienen juego propio, voz y protagonismo en las cuestiones referidas a la actividad hidrocarburífera: producción, principalmente, pero siempre luego de la exploración, momento crucial del negocio petrolífero y gasífero.

Después de la independencia, la Argentina, como el resto de los países emancipados del antiguo imperio, mantuvo relaciones maduras con la ex metrópolis; se podrían hallar momentos excepcionales, como en la Revolución Mexicana, pero en general fue así. Las tierras argentinas acogieron a millones de españoles que buscaron su destino en ellas. Vascos, gallegos, andaluces, gentes de todas las regiones, de los más variados oficios y de toda índole, se asentaron aquí. Y se multiplicaron. En circunstancias extremas, como en la Guerra Civil, ese flujo se hizo más sostenido. Y fueron bien recibidos, como encontraron espacio y calor en la península los argentinos expulsados por la dictadura militar, primero, y por la crisis económica de 2001, después. En algún momento, empujado por los vientos de la simpatía del General hacia el Generalísimo, el trigo argentino llegó hasta aquellas costas en circunstancias de agobiante necesidad.

No serán los pueblos los que se separen y hundan en amarga disputa.

Empero, los intereses económicos exacerbados por la codicia, y el mal ánimo, también exacerbado, de políticos de arcaicos reflejos imperiales, sí son capaces de conducir a ese extremo que, insistimos, nuestros pueblos no desean, y que por cierto no alcanzamos a vislumbrar. Los mensajes llegados de Europa son francamente amenazantes. Primero, del ministro de Industria, José Manuel Soria, que se apresuró a lanzar una advertencia de singular dureza mientras aquí la persistencia de rumores mantenía en vilo a las redacciones y hacía subir a las nubes el precio de las acciones de YPF. Y el viernes, el canciller de España, Juan García Margallo, fue mucho más lejos: “la ruptura de las relaciones sería el peor de los escenarios que podríamos imaginar. No sólo sería una ruptura económica, sino fraternal”. Un rato antes, le había brindado una filípica de media hora a Carlos Bettini, embajador nuestro en Madrid.

El tono marcial de las advertencias no disimulan otros movimientos, éstos concretos, con los que España quiere poner a la Argentina contra las cuerdas, y salvar, si cabe, a la joya mayor que engalana el patrimonio de Repsol, en la actualidad una compañía de segunda línea en el plano internacional y que era casi desconocida hasta que se apoderó de YPF: Repsol no puede ocultar su condición de advenediza en el mundo de los grandes negocios petroleros. El gobierno de Rajoy no perdió tiempo y acudió a la Unión Europea (UE) en busca de respaldo. La Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la UE, se apresuró a decir, también el viernes, que “estará del lado de España”; qué duda cabe. Tampoco faltaron voces europeas que alertaron sobre el clima adverso a las inversiones externas que generaría un avance de la Argentina sobre Repsol YPF. Además de la UE, se espera que el G-20 recoja las quejas españolas, y va cobrando forma la más fuerte de las amenazas que podría hacer realidad España, rompa o no rompa relaciones con nuestro país: la de un bloqueo comercial en el que intervendría el grueso de los socios de la Unión Europea y que causaría múltiples y muchas veces insalvables problemas a nuestra economía. Además, está presente la disposición de denunciar a Buenos Aires ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (BM), donde los fallos suelen favorecer siempre a las empresas.

Empresas que, para el caso de la Argentina, lograron contratos inusualmente favorables mientras el país resignaba la competencia de la justicia local. El caso de YPF es bastante ilustrativo. Según revela Clarín en su edición de ayer, desde que se incorporó Repsol, en 1999, YPF distribuyó más dividendos de lo que ganó, año por año. El matutino ofrece un gráfico de esa relación, entre 1992 (cuando se abrió al capital privado pero aún con control del Estado) y 2010: en el período 1992/1999, con 5.000 millones de ganancias, distribuyó 2.200 millones; ya con Repsol, de2000 a2007 ganó 28.700 millones y repartió 30.300 millones; y en el ciclo 2008/2010, tras el ingreso del grupo Eskenazi, los beneficios fueron de 12.900 millones y se distribuyeron 14.900 millones. Salta a la vista una contradicción que no es tal, pues la diferencia negativa se explica por la inclusión de acciones de la misma empresa como parte de los dividendos. Otras cuentas señalan que Repsol desembolsó por YPF algo más de 15.000 millones de dólares, cuando el petróleo se cotizaba a un precio cercano a los 12 dólares el barril. La cotización de hoy supera los 100 dólares el barril, y Repsol cosechó ganancias, hasta 2010, por más de 13.000 millones de la misma moneda. Sobre los beneficios de 2011, por más de 1.200 millones de dólares, no hay definición aún porque el Gobierno reclamó que se reinviertan en más exploración –como se dijo, fase vital del negocio, y que YPF no ha atendido casi en la última década- ante la intención de los directores representantes de Repsol y Eskenazi de proceder a un nuevo reparto de beneficios. En síntesis, Repsol ha recuperado ya la casi totalidad de lo invertido hace trece años, pero el dato relevante es que al mismo tiempo, con los dividendos, hizo fuertes apuestas en otros países –México, Brasil, Alaska y Argelia, entre ellos- y ha pasado de ser una petrolera de escasa relevancia internacional, al nivel de las firmas de segunda categoría, un avance concretado a partir de su llegada a la Argentina y a la expoliación de sus recursos. Baste decir que nuestro país, de autoabastecerse en materia de hidrocarburos, pasó a depender de la importación de crudo y combustibles ya refinados, por lo que pagó el año pasado la friolera de 10.000 millones de dólares. Parte de ese fenómeno se explica por la fuerte recomposición de la industria a partir de 2003, pero también es adjudicable a la falta de inversión de YPF –principalmente, porque las otras compañías tampoco exhiben dinamismo en ese terreno- en la exploración y obtención de nuevos pozos productivos. Por fin, resta saber qué sucedió el jueves pasado con la fuerte evolución positiva de los papeles de YPF, tanto en Buenos Aires como en Nueva York –donde cotiza a través de los certificados conocidos como ADR-. El acusado movimiento alcista y los inusuales montos operados llamaron la atención de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que ordenó un examen sobre ese tema y al mismo tiempo requirió un informe similar de la Sec, su equivalente de Estados Unidos, con la identidad de los operadores y los montos negociados.

Es obvio que la decisión de Madrid surgirá a partir de la determinación que se adopte en nuestro país, y aquí las señales indican que estamos en lo que se suele llamar un compás de espera. Es evidente que en el Gobierno existe embrionariamente la decisión de reestatizar YPF o de encontrar un procedimiento institucional para que el país recupere el control de esa compañía, estratégica para los proyectos económicos y sociales que forman parte de la concepción kirchnerista y que, a no dudarlo, tal procedimiento encontrará, en principio, el respaldo de vastos sectores de la sociedad dispuestos a redoblar los esfuerzos colectivos para hacer realidad un desarrollo autosostenido con equidad e inclusión social. Es en esa porción de la ciudadanía en la que debe pensar el Gobierno al momento de ajustar el rumbo en una materia vital para el país y para el futuro, como es la política energética, sea la que depende de los combustibles fósiles o aquellas otras renovables como la hídrica, la eólica y la que surge de los biocombustibles. En suma, hay que definir un conjunto de estrategias sin dejarnos cohibir –o seducir- por las manifestaciones de un imperialismo que ya fue.

 

E.P. 

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